El presidente Biden ha emitido varias órdenes ejecutivas y políticas que buscan revertir las implementadas bajo la administración anterior. Se ha anulado la "prohibición de viajar a los musulmanes", los inmigrantes no serán excluidos del censo, DACA se mantendráEl presidente Biden ha anunciado que se revisará la regla de la carga pública, que se ha incrementado el número de reasentamientos de refugiados y que se han llevado a cabo algunas otras iniciativas. Lo que es más importante para muchos de nuestros clientes, el presidente Biden también emitió una orden ejecutiva contenida en el memorando publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este anuncio realizado el 20 de enero de 2021 prioriza quiénes pueden ser perseguidos por la deportación o no.
El anterior presidente Trump había eliminado la antigua práctica de las prioridades de inmigración, que ponía a todas las personas indocumentadas en riesgo de deportación, incluso a los inmigrantes que eran víctimas de la trata o de delitos violentos y a los que carecían de antecedentes penales. Esta orden restableció las prioridades sobre quiénes son objeto de expulsión y quiénes no. Antes de 2017, la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos se había guiado históricamente por políticas que hacían hincapié en la priorización debido a la limitación de recursos. Sería análogo al hecho de que el fiscal local no lleva a juicio todos los casos, especialmente todas las multas por exceso de velocidad, porque les restaría tiempo y recursos para perseguir los homicidios y otros delitos violentos, y está dispuesto a desestimar los casos directamente o a reducir los cargos y las posibilidades de sentencia a cambio de una declaración de culpabilidad.
Prioridades de la orden ejecutiva de Biden
Este nuevo memorando de Biden restableció las prioridades de aplicación de la ley de inmigración con instrucciones para el DHS, a partir del 22 de enero de 2021. Las nuevas prioridades incluyen las siguientes excepciones limitadas:
- Seguridad nacional. Individuos que han participado o son sospechosos de terrorismo o espionaje, o cuya aprehensión, detención y/o custodia es de otro modo necesaria para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos.
- Seguridad fronteriza. Individuos aprehendidos en la frontera o en los puertos de entrada mientras intentaban entrar ilegalmente en los Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020 o después, o que no estuvieran físicamente en los Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020. 3.
- Seguridad pública. Las personas encarceladas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales liberadas a partir de la emisión de este memorando que hayan sido condenadas por un "delito grave", tal como se define este término en la sección 101(a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en el momento de la condena, y que se determine que suponen una amenaza para la seguridad pública.
Además de estas nuevas prioridades, Biden anunció una pausa o moratoria de las deportaciones de cualquier otro no ciudadano con orden de expulsión durante 100 días. Desgraciadamente, el Estado de Texas demandó al gobierno de EE.UU. para detener la entrada en vigor del memorando de enero, argumentando que la pausa de las deportaciones viola la ley federal que perjudica al Estado de Texas. El 26 de enero de 2021, el juez Tipton de Texas (designado por Trump en el tribunal federal) emitió una pausa de 14 días en todo el país orden de restricción temporal bloqueando la aplicación de la moratoria de 100 días del presidente Biden sobre la deportación de indocumentados. Aunque la orden no impedir que el gobierno de Biden priorice quiénes son deportados o no, permite que se mantenga el statu quo para que el ICE deporte a cualquier persona con una orden de expulsión sin importar si es prioritaria o no. El juez Tipton está considerando actualmente una orden judicial permanente que la prolongaría por más tiempo, y recientemente extendió la orden temporal hasta finales de este mes de febrero.
Se espera que el gobierno de Biden apele la decisión, pero mientras tanto no ha logrado evitar ciertas deportaciones por parte del ICE, incluyendo la deportación de un inmigrante que presenció la masacre de El Paso en un Walmart y cooperó con las fuerzas del orden en su investigación - y probablemente pudo permanecer en Estados Unidos mediante un visado debido a su cooperación. El gobierno de Biden seguirá teniendo que enfrentarse no sólo a las políticas de la anterior administración, sino a la enorme burocracia que puede resistirse a la aplicación de nuevas políticas.
A pesar de los desafíos, hay algunas buenas noticias que surgen de esta orden ejecutiva, independientemente de lo que suceda con la orden de restricción federal. El gobierno de Biden anuló un memorando de la administración Trump que establecía que todos los inmigrantes que solicitaran una tarjeta verde, un visado o cualquier otro beneficio antes de El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos serían puestos automáticamente en proceso de expulsión si su solicitud era denegada. Esta fue una de las peores prácticas bajo la administración Trump, en la que, por ejemplo, las víctimas de crímenes o de tráfico de personas que buscaban una visa U o T, o las mujeres que buscaban Ley sobre la violencia contra las mujeres alivio como las víctimas de la violencia doméstica, podrían ser deportados por tratar de hacer lo correcto para obtener un estatus legal en los Estados Unidos. La política de Trump esencialmente desalentó la cooperación con la aplicación de la ley, puso otro gigantesco obstáculo de miedo para las víctimas de violencia doméstica para superar, y creó más razones para que los inmigrantes no busquen un estatus legal. Este ya no será el caso a partir de las órdenes ejecutivas de Biden. Además, en el caso de las personas que se encuentran en proceso de expulsión y que no son prioritarias para la deportación, es posible que soliciten el cierre administrativo de su caso, una forma de discreción fiscal y de alivio temporal de la deportación si pueden demostrar, por ejemplo, que su expulsión afectaría a sus hijos, familias y comunidades estadounidenses de forma devastadora. Queda mucho por ver, pero la lucha por la justicia y el debido proceso en ley de inmigración continuará.
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