A partir del 9 de marzo de 2021, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha se detuvo la aplicación de la norma final de Trump sobre la carga pública, que utilizó la situación financiera de un solicitante, entre otros elementos, como una forma de vetar a aquellos que podrían convertirse algún día en una carga pública para los Estados Unidos.
Esto fue el resultado de un cambio en litigio federal donde el Administración Biden ya no defendería la carga pública en los tribunales federales. La regla final había creado incertidumbre y miedo para los solicitantes de alivio de la inmigración que se preocupaban de que sus solicitudes fueran denegadas incluso si estaban obteniendo correctamente los beneficios públicos del gobierno y, lo que es más importante, por el simple hecho de ser individuos de clase trabajadora o de clase media porque no podían cumplir con la "prueba de riqueza", según los críticos. Afortunadamente, el USCIS ha anunciado que ha restablecido la guía de carga pública de 1999 y ha dejado de considerar los factores señalados por la regla final de carga pública de Trump. El formulario I-944, junto con las pruebas adicionales de apoyo y la información relacionada con la recepción de beneficios públicos, ahora ya no se requerirá. Esto disminuye la carga regulatoria y los obstáculos que era el siniestro propósito de la regla de carga pública, que había sido influenciada por el xenófobo y antiinmigrante Stephen Miller en la anterior Casa Blanca.
La regla final de Trump sobre la carga pública fue extremadamente intrusiva y onerosa
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la Administración Trump, publicó inicialmente la regla final el 14 de agosto de 2019, pero debido a un litigio federal, fue implementado el 24 de febrero de 2020. A partir de esa fecha, el USCIS tenía la potestad de tener en cuenta el uso de ciertos beneficios públicos por parte de un solicitante al adjudicar las solicitudes sujetas a la causa de inadmisibilidad de carga pública, como los que solicitan a sus familiares directos o los que buscan extender su estancia o cambiar de estatus. Aunque la causa de inadmisibilidad por carga pública existía desde hace muchos años, la norma final de Trump dio al USCIS un acceso más intrusivo y sin restricciones del tipo hermano mayor para analizar la situación socioeconómica de un solicitante. Más específicamente, algunos de los muchos factores considerados en la evaluación de la carga pública y el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia incluyeron:
- Si un solicitante tiene bienes o recursos y su nivel de educación y habilidades.
- Si el solicitante y los miembros de su familia han presentado declaraciones de impuestos federales.
- Si es mayor de 61 años, si el solicitante puede demostrar su capacidad para trabajar y mantenerse económicamente.
- Si el solicitante tenía un seguro y/o podía demostrar su capacidad para pagar los gastos médicos previstos; y
- Si el solicitante recibía alguna prestación pública como la Seguridad Social, los cupones de alimentos, la ayuda a la vivienda, entre otras prestaciones.
Al considerar todos los factores, los funcionarios del USCIS tenían la facultad de sopesar los factores de manera diferente a favor o en contra de la solicitud de una persona. Uno de los factores eran los ingresos, que investigación muestra afecta desproporcionadamente a los inmigrantes asiáticos, latinoamericanos y africanos, mientras que beneficia a los que inmigran desde Europa Occidental. En virtud de esta norma, un solicitante que no demostrara claramente su capacidad para mantener económicamente a los miembros de su hogar o a los que probablemente acabaran necesitando asistencia para la vivienda o cobertura médica debido a enfermedades preexistentes, sería considerado inadmisible debido a su probabilidad de convertirse en una carga pública. A las anteriores oleadas de inmigrantes, muchos de los cuales entraron por Ellis Island, no se les habría permitido entrar en Estados Unidos en virtud de esta norma de carga pública.
El USCIS seguirá utilizando las orientaciones anteriores de 1999
El USCIS ha restablecido las antiguas normas, publicadas en el Orientación sobre el terreno acerca de la deportación y la inadmisibilidad por motivos de carga públicaque se promulgaron en 1999. Las normas de la guía limitan la discreción de los funcionarios del USCIS para denegar un caso incluso si es más probable que alguien se convierta en una carga pública. En su lugar, un solicitante debe ser claramente dependiente del gobierno, demostrado por un historial de recibir asistencia en efectivo o atención institucionalizada a largo plazo, como en hospitales o residencias de ancianos, e incluso estos casos no constituirían un impedimento inmediato para la admisibilidad, sino otro factor a considerar por el funcionario. Lo más importante es que las normas reinstauradas no castigan a un solicitante por el hecho de que sus familiares reciban prestaciones públicas, a menos que la familia dependa casi por completo de las prestaciones de asistencia monetaria. Esto permitirá a las personas obtener diversas prestaciones de asistencia del gobierno para sus hijos y/o miembros de la familia sin temor a que esto dé lugar a una denegación automática de su solicitud de inmigración, que era una de las preguntas más frecuentes cuando entró en vigor la nueva norma de carga pública.
Independientemente del cambio, la mayoría de los solicitantes que buscan ajustar su estatus seguirán siendo responsables de demostrar que serán capaces de mantenerse económicamente y que no es probable que se conviertan en una carga pública. La mayoría de los solicitantes siguen teniendo que presentar declaraciones juradas de apoyo para recibir beneficios de inmigración. Un solicitante también tendrá que presentar documentación adicional si no tiene ingresos suficientes para el tamaño de su hogar y requiere un patrocinador conjunto para su solicitud, si el solicitante no cumple con ciertos umbrales de ingresos. Si usted o un ser querido tiene preguntas con respecto a un posible alivio de inmigración o los cambios en las reglas de carga pública, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para una consulta inicial con un abogado.
